La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias relevantes para quienes se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad y solicitan la exoneración del pasivo insatisfecho en un concurso de persona física.
En concreto, las sentencias 260/2026 y 254/2026, de 18 de febrero, analizan por primera vez la limitación a la exoneración del crédito público prevista en el artículo 489.1.5º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).
La cuestión es especialmente importante porque muchas personas que acuden al mecanismo de segunda oportunidad no solo tienen deudas bancarias o privadas, sino también deudas con Hacienda, Seguridad Social, ayuntamientos, diputaciones, haciendas autonómicas u otros organismos públicos. Por ejemplo, pueden existir deudas por IRPF, IVA, cuotas de autónomos, IBI, impuesto de circulación, tasas municipales, sanciones administrativas o tributos gestionados por una comunidad autónoma.
¿Qué ha decidido el Tribunal Supremo?
El Tribunal Supremo confirma que el crédito público puede quedar sujeto a límites en la exoneración, pero introduce matices importantes que deben tenerse en cuenta en cualquier procedimiento de segunda oportunidad.
1. La limitación del crédito público es compatible con la normativa europea
El Supremo analiza la cuestión a la luz de la Directiva europea sobre reestructuración preventiva y exoneración de deudas, así como de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de noviembre de 2024.
Según el resumen del Gabinete Técnico, el TJUE aclaró que la lista de exclusiones prevista en la Directiva no es cerrada, por lo que España podía excluir total o parcialmente ciertos créditos de la exoneración, siempre que esa exclusión estuviera justificada conforme al Derecho nacional.
n consecuencia, el Tribunal Supremo considera que la protección del crédito público tiene una justificación general, especialmente en materia tributaria y de Seguridad Social.
2. Los créditos públicos subordinados sí pueden quedar afectados por la exoneración
Uno de los aspectos más relevantes de estas sentencias es que el Supremo distingue entre tipos de crédito público.
La Sala entiende que el trato privilegiado del crédito público tiene sentido respecto de los créditos privilegiados y ordinarios, pero no respecto de los créditos subordinados. Por ello, los créditos públicos subordinados pueden quedar afectados por la exoneración.
Este matiz puede tener un impacto práctico relevante en los concursos de persona física, porque no todo crédito público debe recibir automáticamente el mismo tratamiento.
¿Cuánto crédito público puede exonerarse?
El Tribunal Supremo recuerda el sistema de límites previsto en el artículo 489.1.5º TRLC.
De acuerdo con las sentencias, la exoneración se aplica respecto de cada acreedor titular de créditos de Derecho público de la siguiente forma:
Tramo del crédito público | Tratamiento según el criterio del Supremo |
|---|---|
Primeros 5.000 euros | Exoneración íntegra |
A partir de 5.000 euros | Exoneración del 50% |
Límite máximo | Hasta 10.000 euros por acreedor público |
El resumen del Tribunal Supremo indica que esta regla se aplica a cada uno de los acreedores titulares de créditos de Derecho público: primero se exonera íntegramente hasta 5.000 euros y, desde esa cifra, se exonera el 50% hasta el máximo de 10.000 euros.
Ejemplos prácticos de aplicación del límite
Para entenderlo mejor, imaginemos varios supuestos habituales:
Si una persona debe 4.000 euros a un ayuntamiento por IBI, impuesto de circulación o tasas municipales, la deuda podría quedar íntegramente exonerada dentro del primer tramo de 5.000 euros, siempre que concurran los requisitos legales.
Si debe 8.000 euros a una hacienda autonómica, podrían exonerarse los primeros 5.000 euros y, sobre los 3.000 euros restantes, el 50% conforme al límite legal.
Si tiene deuda con varios acreedores públicos —por ejemplo, AEAT, Seguridad Social y un ayuntamiento— el Supremo indica que el límite se aplica respecto de cada acreedor público, no como una única bolsa común para toda la deuda pública.
Estos ejemplos son orientativos: en cada caso habrá que revisar la naturaleza del crédito, su clasificación concursal y si se trata de crédito ordinario, privilegiado o subordinado.
No solo Hacienda y Seguridad Social: también ayuntamientos y haciendas autonómicas
Aunque el artículo 489.1.5º TRLC se refiere expresamente a la AEAT y a la Seguridad Social, el Supremo interpreta que la limitación se extiende a toda clase de crédito de Derecho público, con independencia de quién tenga encomendada su recaudación.
Esto significa que el análisis no debe limitarse únicamente a deudas con Hacienda estatal o Seguridad Social. También puede afectar a créditos públicos de otras administraciones, siempre que tengan naturaleza de Derecho público.
Ejemplos de créditos públicos que pueden aparecer en una Segunda Oportunidad
En la práctica, cuando una persona física solicita la exoneración del pasivo insatisfecho, pueden aparecer deudas públicas muy distintas. Algunos ejemplos habituales son:
Administración u organismo | Ejemplos de deuda pública |
|---|---|
AEAT / Hacienda estatal | IRPF, IVA, retenciones, recargos, intereses o sanciones tributarias |
Tesorería General de la Seguridad Social | Cuotas de autónomos, cotizaciones sociales, recargos e intereses |
Ayuntamientos | IBI, impuesto de circulación, plusvalía municipal, tasas de basura, vados, terrazas o sanciones municipales |
Diputaciones u organismos provinciales de recaudación | Tributos municipales cuya gestión recaudatoria esté delegada, como IBI o IVTM |
Haciendas autonómicas | Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, tributos propios autonómicos, tasas administrativas o sanciones autonómicas |
Otros entes públicos | Cánones, tasas, reintegros de subvenciones o deudas administrativas de Derecho público |
La clave, por tanto, no es solo identificar quién reclama la deuda, sino determinar si estamos ante un crédito de Derecho público, cuál es su clasificación concursal y qué límite de exoneración resulta aplicable.
Obligación del deudor: identificar todas las deudas que quiere exonerar
Otra de las claves de estas sentencias es la carga que se impone al deudor.
El Tribunal Supremo señala que la persona concursada debe reseñar todos los créditos que pretende que sean exonerados. Es decir, quien solicita la segunda oportunidad debe actuar con transparencia y detallar las deudas existentes.
Esta exigencia es coherente con la idea de deudor de buena fe: la exoneración no debe solicitarse de forma genérica, sino con una relación clara de las deudas afectadas.
La resolución judicial debe identificar los créditos exonerados
El Supremo también advierte que la resolución que conceda la exoneración debe identificar qué créditos quedan efectivamente exonerados.
La finalidad es reforzar la seguridad jurídica y evitar que la resolución judicial se convierta en un “cheque en blanco” que se complete posteriormente.
¿Qué supone esta doctrina para quienes quieren acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
Estas sentencias son relevantes porque aportan criterios sobre una de las cuestiones más sensibles de la segunda oportunidad: qué ocurre con las deudas públicas.
En la práctica, el criterio del Tribunal Supremo implica que:
No todo crédito público queda completamente fuera de la exoneración.
Los créditos públicos subordinados pueden quedar afectados por la exoneración.
La exoneración del crédito público tiene límites económicos concretos.
La regla puede aplicarse por cada acreedor público.
Las deudas con ayuntamientos, diputaciones u organismos autonómicos también deben revisarse si tienen naturaleza de crédito de Derecho público.
El deudor debe identificar correctamente todas las deudas que quiere exonerar.
El juzgado debe concretar en la resolución qué créditos quedan exonerados.
Conclusión
Las sentencias 260/2026 y 254/2026 del Tribunal Supremo ofrecen una interpretación relevante del artículo 489.1.5º TRLC y aclaran el tratamiento del crédito público en la Ley de Segunda Oportunidad.
Para las personas físicas insolventes, esta doctrina puede ser decisiva a la hora de valorar si pueden cancelar parte de sus deudas públicas y cómo debe plantearse correctamente la solicitud de exoneración.
Si tienes deudas con Hacienda, Seguridad Social, un ayuntamiento, una diputación, una hacienda autonómica u otros organismos públicos y estás valorando acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad, es recomendable analizar tu caso de forma individualizada para determinar qué créditos pueden exonerarse y con qué límites.
Preguntas frecuentes sobre crédito público y Segunda Oportunidad
¿Se pueden cancelar deudas con Hacienda en la Ley de Segunda Oportunidad?
Sí, pero con límites. El Tribunal Supremo confirma que la exoneración del crédito público está sometida a las limitaciones previstas en el artículo 489.1.5º TRLC.
¿Se pueden cancelar deudas con la Seguridad Social?
También pueden quedar parcialmente exoneradas, dentro de los límites legales aplicables al crédito público.
¿Qué ocurre con los créditos públicos subordinados?
Según el Tribunal Supremo, los créditos públicos subordinados sí están afectados por la exoneración.
¿Tengo que incluir todas mis deudas en la solicitud?
Sí. El deudor debe identificar todos los créditos cuya exoneración pretende, y la resolución judicial debe concretar cuáles quedan exonerados.
¿Se pueden exonerar deudas con un ayuntamiento?
Pueden quedar afectadas por la exoneración si se trata de créditos de Derecho público, como determinados impuestos municipales, tasas o recargos. Será necesario analizar cada deuda y su clasificación concursal.
¿Qué ocurre con deudas de IBI o impuesto de circulación?
El IBI o el impuesto de circulación son ejemplos habituales de deudas municipales que pueden aparecer en un procedimiento de segunda oportunidad. Su tratamiento dependerá de la naturaleza del crédito, del importe y de los límites aplicables al crédito público.
¿Las deudas con haciendas autonómicas también cuentan como crédito público?
Sí, pueden tener naturaleza de crédito de Derecho público. Por ejemplo, deudas por Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, tributos propios autonómicos o tasas administrativas autonómicas deben revisarse dentro del análisis de la exoneración.
